Propone PAN endurecer penalidad a inhumaciones clandestinas

Laura Ramírez/ Ciudad de México.- La bancada del PAN propuso considerar como delito grave ocultar, destruir o sepultar un cadáver sin orden de la autoridad e incrementar las sanciones a quien lo cometa. Para ello, el diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza propuso reformar los códigos Penal Federal y el Federal de Procedimientos Penales.
El legislador señaló que se busca castigar a los miembros del crimen organizado que se dedican a desintegrar a personas ejecutadas, para quienes “no basta el homicidio, la tortura o la mutilación, el afán de ocultar evidencia los lleva a deshacerse de los cuerpos sin vida”.
Y es que, el legislador panista señaló que el fenómeno de la delincuencia organizada debe ser atendido desde distintas vertientes, por lo que es necesario calificar como delito grave y sancionar a quienes desintegren cuerpos humanos con químicos, con plena ausencia del respeto por la vida y la dignidad humana.
Ante los más frecuentes casos de asesinatos violentos, el diputado insistió en que es necesario endurecer las sanciones para aquellos que se han atrevido a trastocar aquellos cuerpos que ya no tienen vida.
Las reformas planteadas ante la Comisión Permanente establecen aumentar las penas previstas en el artículo 280 del Código Penal Federal, que actualmente va de tres días a dos años de prisión y de 30 a 90 días multa, para el delito de violación de las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones y sancionar la conducta con prisión de 4 a 15 años y con 180 a 360 días multa.
De esta manera, se establecería como delito grave la violación de las leyes sobre inhumaciones y exhumaciones, y sancionar al que oculte, destruya o sepulte un cadáver o un feto humano, sin la orden de la autoridad que deba darla o sin los requisitos que exigen los Códigos Civil y Sanitario o leyes especiales.
También al que oculte, destruya o, sin licencia correspondiente, sepulte el cadáver de una persona, siempre que la muerte haya sido a consecuencia de golpes, heridas u otras lesiones. Así, quienes cometan este delito no tendrán derecho a libertad provisional bajo caución y, por tanto, enfrentarán el proceso penal en prisión.
Añadió que la seguridad pública es un tema histórico que debe ser prioritario para el Estado, por lo que la Cámara de Diputados no debe quedar excluida de esas ocupaciones y tiene que enfrentar el poder económico, así como los vastos recursos humanos y armamento de los delincuentes.