En rueda de prensa, luego de la reunión del Consejo Rector del Pacto por México con integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), señaló que la estrategia busca evitar también que las acciones para combatir la delincuencia no “reboten” en otros estados y se genere el llamado “efecto cucaracha”.

A pregunta expresa, el funcionario federal afirmó que no solo en Michoacán, sino en Guerrero y el resto de las entidades, e incluso entre municipios, hay una estrategia clara que está dando resultados.

“Tenemos una estrategia de fondo en materia de seguridad”, anotó.

Reconoció que Michoacán requería de una acción más contundente y con mayor despliegue de fuerza federal, por lo que detalló tres objetivos que dijo, marcan una diferencia con la anterior estrategia de seguridad aplicada en esa entidad.

Esta estrategia, detalló, permitirá lograr resultados muy pronto en ese estado donde “hoy creo empieza a verse como la coordinación puede lograr una transformación y podemos devolver la paz”.

El primer cambio en la estrategia, dijo, es la efectiva coordinación entre las diferentes dependencias de seguridad -Ejército, la Marina, la Defensa, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen)-, con el gobierno del estado.

“Esa es una gran diferencia, hoy no va solamente la estrategia del gobierno federal a imponerse sobre la estrategia estatal sino a trabajar de manera conjunta”, expuso el responsable de la política interna del país.

Como segundo punto planteó que el gobierno federal tiene claridad en lo que se quiere, ya que además de objetivos y estrategia, “sabemos dónde y quiénes y qué tenemos que hacer; es una gran diferencia”.

Resaltó la participación ciudadana en estas tareas, dado que “no hay, nunca lo habrá, un eficiente trabajo de seguridad si no participan en ella la sociedad civil.

Ellos son los poseedores de la mayor información, en el barrio, la comunidad, el municipio”.

“No solo vemos un estado, su problemática y dejamos que los efectos que se tiene al despliegue de la misma, invada otros municipios.

Si ahora que estamos comentando Michoacán dejáramos solo como atención a Michoacán, tendríamos problemas en Guerrero, en Estado de México y otras cuatro entidades”, expresó.

El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob) destacó que se está haciendo todo de manera integral que permita que lo que se haga en un estado, “no rebote a otro, ese efecto (cucaracha), lo estamos cuidando entre otras muchas más estrategias”.

Osorio Chong adelantó que en esa entidad, el Ejército pondrá en marcha un programa de canje de armas, al tiempo que reconoció que la llegada de la milicia al estado causó beneplácito entre la población y las llamadas guardias comunitarias.

“Además se les ha comentado y advertido que nadie podrá estar armado e incluso vamos a iniciar un Programa, lo va encabezar el Ejército, de canje de armas, asegurándoles que se les va a proteger y se va a cuidar la comunidad y el municipio”, expuso.

En otro contexto y luego de las diferencias surgidas al interior del PAN tras la remoción de Ernesto Cordero como líder de los senadores de ese partido, Osorio Chong precisó que de ninguna manera y bajo ningún esquema el gobierno de la República habrá de meterse en la vida interna de los partidos.

El titular de la Segob confió en que se logre una estabilidad entre los partidos, a fin de poder construir los acuerdos que se requieren tanto al interior del Pacto por México como fuera de este.

Esto es, añadió, que se puedan construir acuerdos en las Cámaras de Diputados y Senadores, así como con los estados, “porque eso es lo que queremos y eso es lo que quiere México”.

En el texto, se subraya que el gobierno de Calderón –que culminó con 60 mil víctimas de homicidio y 150 mil de desplazamiento forzoso en el marco de la “guerra” contra el crimen organizado– “se negó sistemáticamente a reconocer la envergadura y gravedad de los abusos y la falta de credibilidad de las investigaciones oficiales”, en medio de un ambiente de impunidad generalizada.

Al desglosar por temas los resultados de su análisis, AI indicó que las autoridades judiciales mexicanas siguieron recurriendo de forma “generalizada” a la detención arbitraria, la tortura y los malos tratos para obtener confesiones en los interrogatorios y forzar a los detenidos a inculparse en delitos que no cometieron.

En lo que se refiere a las desapariciones forzadas, el documento recordó que un informe filtrado de la Procuraduría General de la República contiene al menos 25 mil casos de personas desaparecidas o “no localizadas” ocurridos durante el gobierno calderonista, en muchos de los cuales habían participado servidores públicos.

En el rubro de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales, el informe destacó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos “registró al menos 25 asesinatos de transeúntes en enfrentamientos armados entre bandas delictivas y las fuerzas de seguridad”, la mayoría de los cuales no se investigaron.

De igual manera, el documento de AI alertó que los migrantes indocumentados siguen siendo víctimas de secuestro, asesinato, reclutamiento forzoso en bandas criminales, detención arbitraria, explotación sexual y extorsión, sin que el gobierno impida o castigue dichos crímenes.

Los periodistas y defensores de derechos humanos, abundó el informe, continuaron sufriendo agresiones y amenazas; los pueblos indígenas padecieron exclusión, discriminación y falta de consulta sobre megaproyectos en sus territorios, y las mujeres y niñas aún sufren condiciones graves de violencia sin que las autoridades las frenen y erradiquen.

Por último, Amnistía indicó que a pesar de los llamados para restringir el sistema de justicia castrense, “en abril se bloquearon las propuestas de reforma al Código de Justicia Militar destinadas a excluir las violaciones de derechos humanos”.

El titular de la PGJE, Fernando Valenzuela Pernas, expuso que el dinero fue hallado en una casa de la ranchería Lomitas en Nacajuca, tras las indagatorias, lo que llevó también al cateo de un inmueble, donde está el despacho del ex titular de Finanzas, José Sáiz Pineda.

En la Sala de Juntas de la PGJE, donde se presentaron los fajos de dinero, expuso que de acuerdo con las investigaciones, se tuvo conocimiento que realizaban traslados de fuertes cantidades de efectivo en cajas de cartón y de dudosa procedencia, durante los últimos cuatro años de la pasada administración.

Mediante orden de cateo, se ingresó al inmueble en Nacajuca, a las 04:00 horas de hoy, donde encontraron las cinco cajas con el efectivo en fajos de billetes, así como dos computadoras de escritorio y una laptop.

“Derivado de este hallazgo y de las declaraciones de personas relacionadas con los hechos, se solicitó la orden de cateo para ingresar al inmueble ubicado en Sánchez Magallanes 113, del centro de esta ciudad (Villahermosa)”, dijo el funcionario.

Fue a las 14:10 horas, precisó, cuando con orden de cateo se ingresó al inmueble, el cual, al decir de los declarantes, se trata del despacho de José Manuel Sáiz Pineda, ex secretario de Finanzas.

Apuntó que por instrucciones del gobernador Arturo Núñez, el efectivo asegurado se depositará de manera íntegra, una vez desahogadas las diligencias, en la sucursal de Banjército en esta ciudad.

Además, se solicitó el apoyo de la Procuraduría General de la República (PGR) para coadyuvar en la pericial contable del efectivo y demás diligencias ministeriales, por lo cual esta tarde llegarán seis peritos contables de la PGR.

Valenzuela Pernas expuso que en el segundo inmueble se halló abundante documentación contable, computadoras y libros contables.

Acompañado del secretario de Seguridad Pública, Audomaro Martínez Zapata y de un notario público, señaló que son más de 25 las personas que han declarado sobre las cantidades que en efectivo ingresaban a la Secretaría de Finanzas.

Dijo que la propiedad de Nacajuca, está a nombre de un hombre (que no identificó), quien refiere que de manera directa recibía instrucciones del presunto responsable (que tampoco identificó) y que también tenía instrucción del traslado, recepción, resguardo y depósito del dinero.

Sin embargo, expuso que por la secrecía de la investigación no podía abundar más.

El procurador estatal apuntó que la semana próxima comenzarán a citar para que comparezcan más ex funcionarios de Finanzas, algunos de los cuales están amparados y en el caso de otros se les tratará de localizar con apoyo de otras procuradurías estatales y de la PGR.

Se indicó que este jueves darán a conocer, luego de la contabilización del efectivo, el monto preciso de lo asegurado.

Los sujetos a proceso son:

• Domitilo Barragán Álvarez, exgerente jurídico
• Juan Ricardo Díaz Ortega, exsubgerente de Construcción
• Bernardo Garza Garza, exgerente comercial
• Fernando Raúl Spadoni Rodríguez, exsubgerente de Concursos
• Ricardo Morales Jaramillo, ex gerente de Administración y Finanzas
• Érick Treviño Lartundo, ex subgerente de Evaluación, Estadística y Mejora
• Sergio Salas Arellano, excoordinador de Mantenimiento Zona Centro
• José Carlos Olivares Correa, exsubgerente de Contabilidad y Presupuesto

De acuerdo con información proporcionada por el Consejo de la Judicatura Federal los inculpados podrían seguir el proceso en libertad debido a que este delito en México no es considerado como grave.

El 25 de marzo del 2013 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio a conocer que desde la concepción hasta la conclusión de la Estela de Luz, las múltiples instancias que participaron en el Comité Técnico del Fideicomiso, así como I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. y Banjército tomaron decisiones sin coordinación y observancia de la normativa para asegurar la eficacia, eficiencia y economía en el uso de los recursos públicos.

 Esto propició que el costo de la construcción se elevara en 192.0% respecto del contratado originalmente y que la inauguración se realizara el 7 de enero de 2012, más de 15 meses después de la fecha prevista originalmente que era el 15 de septiembre de 2010.

Fuente: Arcelia Maya/El Financiero

En contraste, diputados del PT y Movimiento Ciudadano cuestionaron que la reforma sólo tiene como objeto el pago de favores a las grandes empresas de radio y televisión por su respaldo en la campaña presidencial del año pasado.

“Esta reforma es una más de las que favorecen a la oligarquía económica, es lesiva para los mexicanos”, expresó el coordinador de MC en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila.

Afirmó que la declaratoria ocurre a menos de un mes de que la reforma fue enviada por el Congreso de la Unión a los congresos de los estados “de lo cual advertimos que hay prisa porque quienes pagaron la campaña del PRI ahora exigen el pago justo. Van a ver quien se quedará con las telecomunicaciones”.

Mientras, el vicecoordinador del PT en la Cámara de Diputados, Ricardo Cantú, atribuyó la apertura del ciento por ciento de inversión extranjera en radio “a toda una estrategia desde las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que buscan el control ideológico de su pueblo y de los países donde ejercen su imperialismo para aplicar sus política de dominio económico. Y en esto mucho tiene que ver el control de los medios”.

A nombre del PAN, el diputado Rubén Camarillo aprovechó para enviar el mensaje de que el regreso del blanquiazul al Pacto por México es para demostrar que “la oposición ha hecho la chamba, la tarea; ¿pero a cambio de qué, cómo salir a explicar que somos una oposición responsable y no colaboracionista como de pronto nos acusan?”.

Mientras, el videcoordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Héctor Gutiérrez refirió que, como se espera, la reforma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación este mismo mes, a más tardar en julio deberán estar integrados los órganos autónomos reguladores del mercado de telecomunicaciones, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia. Y como definen los transitorios de la reforma constitucional en septiembre el Congreso de la Unión deberá haber aprobado las leyes secundarias que regulen el uso y el aprovechamiento del espectro radioeléctrico, la red de telecomunicaciones y los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones; así como los tipos penales contra las prácticas monopólicas y fenómenos de concentración.

El mandatario mexicano llegó al Aeropuerto Internacional “Alfonso Bonilla Aragón” de la ciudad de Cali, Colombia para participar en la VII Cumbre de la Alianza del Pacífico.

A su llegada, el mandatario fue recibido por el alcalde de Cali, Rodrigo Guerrero, así como por el gobernador del Valle de Cauca, Ubelmar Delgado.

El mandatario federal después de recibir los honores a su llegada, emitió un breve mensaje en el que celebró la elaboración de la cumbre y aseguró que es una buena plataforma de comercio para favorecer la integración y constituirse en una plataforma que pueda efectuar transacciones con la zona de Asia, cuyo desarrollo se ha incrementado en los últimos años.

Aseguró también que la intención es que haya un libre flujo de capitales y de personas.

“Yo espero se resulten importantes beneficios para nuestros pueblos a partir de los acuerdos que estemos tomando en la consolidación de esta importante alianza del Pacífico que hemos venido construyendo”, dijo.

Asimismo celebró la voluntad de otros países de integrarse como observadores o como miembros activos de la alianza.

El Presidente asistió a una cena especial que el presidente Juan Manuel Santos brindó a los jefes de estado.

Así lo planteó la UNAM en un documento en el que hace un recuento del proceso que inició con actos “violentos” en el plantel Naucalpan de ese colegio e incluyó la toma, en primero lugar de la Dirección General del CCH y posteriormente de la Rectoría.

Las autoridades universitarias subrayaron que por esos hechos levantaron denuncias ante las autoridades federales por conductas ilícitas como: agresiones y lesiones a universitarios, haber puesto en riesgo la integridad de la comunidad, irrumpir y dañar instalaciones, y sustracción de equipos y distintos objetos, tanto de trabajadores, como del patrimonio universitario.

Agregaron que Tribunal Universitario determinó la expulsión definitiva de cinco alumnos, y suspensiones, por distintos periodos, de cuatro más, que participaron en disturbios en el CCH Naucalpan.

“La UNAM informa que, desde el pasado 1 de febrero, inició un conflicto marcado por la violencia ejercida por un grupo de personas que tomaron instalaciones (universitarias) y, con una actitud intransigente, impidió que continuara el diálogo el pasado 16 de mayo.”

En el documento, los funcionarios de la casa de estudios indicaron que el rompimiento del diálogo entre ambas partes ocurrió durante el desarrollo de la cuarta sesión resolutiva (en la que se pretendían fijar las bases para el trabajo de las mesas), cuando quienes esperaban a la comisión representante de los inconformes irrumpió en las oficinas donde se desarrollaban las pláticas.

La UNAM sostuvo en que reiteradamente realizó ofrecimientos de diálogo a ese grupo de jóvenes –que con los rostros cubiertos mantuvieron la toma de Rectoría por 12 días— a fin de “dar cauce a inquietudes y protestas registradas en las últimas semanas.

“Como prueba de esa actitud, el mismo 16 de mayo, se planteó un formato para instalar las mesas en las que se discutiría la actualización al plan y programas de estudios del CCH”.

Esa propuesta establecía que las mesas de trabajo se desarrollarían en 13 sesiones, con duración de cuatro horas cada una y la participación de 15 representantes, por cada parte, identificados y con derechos vigentes. Como resultado de esas reuniones, se elaboraría una relatoría aprobada por ambas representaciones, que se entregaría a la Comisión de Planes y Programas de Estudio del CCH, con el fin de incorporarla al debate en curso en planteles, que concluirá a fines de noviembre.

“Sin embargo, las autoridades universitarias sólo han encontrado intolerancia y pretensiones para retardar la discusión con señalamientos ajenos a cualquier argumento académico”, se apuntó en el documento distribuido hace unos momentos por la UNAM.

“La Universidad Nacional establece que, pese a las muestras recurrentes de intransigencia por parte de este grupo, continuará el proceso de discusión amplia e incluyente en torno al plan y programas de estudios hasta noviembre, como está programado”.

Entrevistado al concluir los trabajos de la sesión de la Permanente, Gil Zuarth destacó: “No tenemos que reconocer o respaldar al nuevo coordinador, es una decisión consumada, vamos a trabajar con todos, seguiremos siendo críticos, ejerceremos nuestra facultad de legislar porque la obediencia en Acción Nacional nunca ha sido divisa, la unidad la construimos a partir del debate”.

El panista, uno de los 24 que signaron la carta a su presidente nacional y respaldaron a Ernesto Cordero destacó: “No vamos a debilitar más al partido, ni a abonar en esta espiral de división y encono que ha propiciado Gustavo Madero”.

El panista, a quien se ubica entra los legisladores calderonistas y corderistas, dijo que “tenemos que reflexionar sobre seguir la política autodestructiva de Madero o darle un giro y relanzar a Acción Nacional hacia el futuro. Tenemos la responsabilidad de darle un vuelco de timón al partido”.