Laura Ramírez/Ciudad de México/ Del total nacional de mujeres de 15 años o más que hay en el país, 46.1 por ciento, es decir 18 millones, sufren algún incidente de violencia de pareja a lo largo de su actual o última relación conyugal, aseguró la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo.
La también presidenta de la Comisión de Equidad y Género explicó que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, elaborada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), señala que esta situación de violencia fluctúa entre 56.9 por ciento en el estado de México y 29.8 en Chiapas.
La legisladora del PRD, mencionó que según el informe anual del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Raúl Plascencia Villanueva, 8.1 millones de mujeres indígenas suelen ser objeto frecuente de abusos y violaciones a su integridad física y moral, así como de violencia intrafamiliar y falta de atención médica.
En ese sentido, comentó que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su artículo 41, señala que a la Federación le compete y está obligada a asegurar la difusión y promoción de los derechos de las mujeres indígenas con base en el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación.
Sentenció además que 15 legislaturas estatales aún no armonizan sus respectivas leyes con la ley respectiva, a fin de contemplar disposiciones que prevengan, atiendan y sancionen este flagelo.
Por ello, impulsa un punto de acuerdo para que las legislaturas locales de Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, establezcan en su marco jurídico disposiciones que garanticen el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres indígenas.
“Este mandato u obligación para con las mujeres indígenas por parte de la Federación no tiene eco todavía en 15 legislaciones para combatir la violencia contra las mujeres; esto es 15 entidades federativas pasan por alto esta obligación”, subrayó.
Detalló que si bien no se cuenta con datos completos que muestren la situación particular de las mujeres indígenas inmersas en la espiral de la violencia, a partir de los tabuladores básicos expuestos públicamente por el Inegi se pueda inferir que dicho fenómeno entre hablantes de alguna lengua no es menor.
La también integrante de la Comisión de Justicia, precisó que 24.5 por ciento de las mujeres violentadas recibió algún tipo de agresión para controlar sus ingresos y el flujo de los recursos monetarios del hogar, así como cuestionamientos con respecto a la forma en que dicho ingreso se gasta.
El 13.5 por ciento, confesó haber sufrido algún tipo de violencia física que les provocaron daños permanentes o temporales.
En este rango de mujeres, el 7.3 por ciento declaró ser víctimas de violencia sexual cometida por sus propias parejas y sufrir diversas formas de intimidación o dominación para tener relaciones sexuales sin su consentimiento.
En cuanto al ámbito laboral 20.6 por ciento se enfrentan a situaciones discriminatorias como el nivel y puesto, tienen menos oportunidad para ascender o menos prestaciones; bajos salarios, las despiden o no las contratan debido a su situación conyugal; o les solicitan una prueba de embarazo.
En cuanto a sus raíces culturales de la violencia, quienes durante el último año sufrieron violencia por parte de su pareja prevalecen opiniones que naturalizan y minimizan el fenómeno.
Ante ello, el 29 por ciento dijo estar de acuerdo en que “si hay golpes o maltrato en casa es un asunto de familia y ahí debe quedar”; 16.8 por ciento estuvo de acuerdo en que “una esposa debe obedecer a su esposo o pareja en todo lo que él ordene”; 14.7 por ciento expresó acuerdo a que “es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con su esposo o pareja”.
