martes 30 de mayo de 2017 | 05:35:08

Amigos, diputados y exfuncionarios tejen la red de corupción de Javier Duarte

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México.- Detrás de los millonarios desvíos detectados en Veracruz no sólo estuvo el exgobernador Javier Duarte, detenido este sábado en Guatemala. Según las autoridades federales, las maniobras fueron operadas por toda una red de funcionarios y prestanombres a los que se atribuyen desde la firma de contratos con empresas fantasma hasta la adquisición de propiedades dentro y fuera de México.

Se trata de cuando menos 23 personas, algunas de las cuales ya fueron detenidas mientras el resto está en la mira de la Procuraduría General de la República (PGR).

Desde octubre, cuando Duarte se dio a la fuga, inició la detención de gente vinculada con las empresas fachada a través de las cuales el exmandatario presuntamente realizó desvíos millonarios, principalmente de los sectores salud, educación y de protección civil.

Entre los primeros detenidos estuvieron presuntos representantes legales de las compañías, como las hermanas Elia y Nadia Isabel Arzate Peralta, quienes actualmente se encuentran recluidas en el penal de Santa Marta Acatitla, y Víctor Benítez Márquez, quien fue capturado el mismo día en que el expriista solicitó licencia al cargo de gobernador. Otro presunto representante de las empresas, quien no ha sido detenido, es Miguel Velázquez Nieva.

Estos arrestos se dieron en el marco de una serie de cateos que realizó la PGR en inmuebles de la Ciudad de México, los cuales se presume pertenecían al exmandatario.

A estas capturas se sumaron las de exfuncionarios, en su mayoría señalados de haber operado desvíos en dependencias como la Secretaría de Finanzas, de Educación, Desarrollo Social, así como la Comisión del Agua estatal.

La primera de estas aprehensiones ocurrió en febrero y fue la de Arturo Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública, quien está acusado de enriquecimiento ilícito. Bermúdez había renunciado en agosto en medio de cuestionamientos, luego de que diversos medios de comunicación publicaron que poseía al menos 19 inmuebles en México y EU.

Un mes después, la Fiscalía de Veracruz detuvo al exgobernador interino Flavino Ríos, a quien acusó de haber facilitado el escape de Duarte a través de un helicóptero, así como de haber incurrido en presuntos desvíos por 247 millones de pesos (mdp) durante su encargo como secretario de Gobierno, en el que había sido nombrado en julio de 2015.

A finales de ese mismo mes, la Fiscalía de Puebla, en colaboración con la de Veracruz, informó de la detención de Mauricio Audirac, exsecretario de Finanzas, a quien se atribuye la desaparición de al menos 2,300 mdp del Seguro Popular. Él y otros 14 funcionarios fueron señalados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por omisión y daño patrimonial en el ejercicio de recursos federales de la Cuenta Pública de 2012.

Las últimas detenciones fueron las de Francisco Valencia García y Javier Nava Soria.

Valencia es señalado por el desvío de 25 mdp de la Comisión del Agua. Presuntamente, depositó el dinero en cuentas de la Secretaría de Finanzas bajo la instrucción de Carlos Aguirre Morales, exsubsecretario de Finanzas, quien se encuentra libre. Está en el penal de Pacho Viejo, donde permanecerá un año como medida preventiva, según Milenio. Está acusado de peculado, tráfico de influencias y abuso de autoridad.

Nava Soria fue detenido en España, según reportaron medios este 19 de abril. Se le identifica como representante legal de una de las empresas fachada presuntamente usadas por la red de Duarte para desviar recursos del erario.

LOS QUE TIENEN FUERO

En el entramado del exgobernador Duarte también hay cinco diputados federales y uno local, quienes tras su paso por la administración estatal se postularon para una curul y con ello lograron el beneficio de la inmunidad procesal o fuero.

Entre ellos se encuentra Alberto Silva Ramos, exsecretario de Desarrollo Social de Veracruz, entre 2013 y 2014, quien presuntamente firmó 45 contratos con empresas fantasma por 243 mdp. Actualmente es diputado federal por el PRI, cargo del que se separó temporalmente en 2016 para ocupar la coordinación de Comunicación Social del gobierno veracruzano. Tiempo después volvió a su asiento.

Otro exfuncionario que goza de fuero es Tarek Abdala Saad, extesorero de la Secretaría de Finanzas, quien sucedió en el cargo a Vicente Benítez González —actualmente diputado local por Nueva Alianza—, quien a su vez renunció luego de que la Policía Federal detuvo en Toluca a dos personas por el traslado de 25 mdp, sin acreditar su procedencia ni destino.

Políticos de oposición y la Fiscalía General de Veracruz han solicitado el desafuero de Abdala para que enfrente las acusaciones en su contra.

También en la Cámara de Diputados está Edgar Spinoso Carrera, legislador por el PVEM, cuya gestión como oficial mayor de la Secretaría de Educación estatal fue objeto de observaciones de la ASF por más de 6,000 mdp, de acuerdo con el portal Animal Político.

El exsecretario de Educación Adolfo Mota Hernández, Jorge Carvallo Delfín, Erik Lagos y Noemí Guzmán Lagunes, extitular de Protección Civil, completan la lista de exfuncionarios con una curul en el Palacio Legislativo de San Lázaro, ambos por el PRI.

LOS PRÓFUGOS

Dos personas clave en el caso contra el exgobernador son Moisés Mansur Cysneiros y José Juan Janeiro Rodríguez, señalados como cercanos a Duarte, pero también como quienes aportaron datos que llevaron al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares a la localización de propiedades derivadas del desfalco a la entidad.

Mansur, identificado como uno de los mejores amigos del expriista, a quien incluso heredó inmuebles en la capital, según el diario Reforma, presuntamente reconoció ante Yunes —quen dijo haberlo localizado en Canadá— haber cubierto los gastos de la familia del exmandatario, así como haber comprado edificios y obras de arte con recursos del gobierno.

Janeiro, considerado el operador financiero del exmandatario y, por ende, quien le ayudó a lavar el dinero presuntamente desviado, se convirtió en uno de sus principales delatores. Reportes de prensa indican que logró que la PGR cancelara una orden de captura en su contra, a cambio de datos sobre empresas fantasma y el destino del dinero robado.

Otros exfuncionarios y personajes que han sido vinculados con el caso, y cuyo paradero se desconoce, son Humberto Benítez, Zaide del Carmen Zamudio Corro, Juan Carlos Rodríguez García, Tomás Ruiz González y Antonio Bandín Ruiz.

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